El Ejecutivo señala que el objetivo para este ejercicio es «transformar y modernizar la Administración de Justicia y acercar la Justicia a los ciudadanos, mediante la racionalización de la organización judicial, de sus recursos personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento».

En el ‘libro amarillo’, en el que se explica en líneas generales cuánto va destinado a cada departamento, el Gobierno indica que la Justicia con esta inversión debe transformarse ayudada por los fondos europeos. Apunta que del importe total de 2.284 millones, 2.208 millones de euros son para el Ministerio de Justicia –supone un incremento de 232 millones de euros–, mientras que la parte destinada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es de 76 millones de euros, lo que implica un incremento de un 4,2 por ciento.

Añaden que se recogen además 210 millones para 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) «al objeto de mejorar la capacidad que tiene la Justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la propia reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital».

El Ejecutivo detalla que con estos PGE «se continua el desarrollo del Plan de Justicia 2030» con el que se busca un servicio público de Justicia «accesible, eficiente y sostenible». Recuerdan que el plan tiene como eje transversal el diálogo y la gobernanza, tanto con administraciones territoriales, administraciones institucionales, como con asociaciones y agentes sociales.

Oficinas de Justicia

En el área de accesibilidad destaca como primer proyecto la creación de las oficinas de justicia en el municipio, y apunta que esto proporciona servicios judiciales al ciudadano ahorrando desplazamientos y reforzando los servicios en todo el territorio.

También destaca la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio como las herramientas para que las personas más vulnerables puedan acceder al Servicio Público de Justicia con garantías. Y avanza que se prevé un aumento de los créditos destinados esto de 4 millones de euros, además de que contemplan 15 millones de euros para asistencia jurídica gratuita en concepto de mediación.

En el apartado de eficiencia en la Justicia, el Gobierno resume que se alcanza a través de las tres grandes propuestas normativas en el ámbito de la eficiencia procesal, eficiencia organizativa y eficiencia digital. Y sobre la sostenibilidad, apuntan que se aborda no sólo desde el punto de vista ambiental sino también desde el de la cohesión social y territorial a través de un sistema interoperable dentro de la Administración de Justicia.

Al hilo, recuerdan que desde el punto de vista presupuestario, los medios económicos que se destinan a financiar los «gastos de personal» integrantes de la política de Justicia alcanzan, en el ejercicio 2022, los 1.663 millones de euros. Importe que supone el 72,8 por ciento del total del presupuesto.

Aumento de plantillas y becas

Se detalla además que con las dotaciones de 2022 se financiará la creación de nuevas unidades judiciales, se ampliará la plantilla del Ministerio Fiscal y se transformarán determinadas plazas de la plantilla Fiscal.

Además, con el objetivo de asignar los nuevos recursos de forma más eficiente, se prevé una oferta de empleo de hasta 200 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal. Se busca lograr una estabilización numérica de la oferta de empleo para jueces y fiscales, una reducción de la interinidad, y una reducción de la sobrecarga y los tiempos de espera. «Y dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo», añaden.

Los PGE recogen también el dinero destinado a implantar un sistema de becas para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado y letrado de la administración de justicia, y lo cifran en dos millones de euros. El objetivo es que «todo el mundo pueda acceder a los cuerpos judiciales en igualdad de oportunidades».

A todo esto, se suma que los PGE servirán para impulsar la confianza en la ciudadanía «a través del fomento de la realización de resoluciones comprensibles y trámites de procedimientos más accesibles a los ciudadanos». Se elaborará un Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa y se promoverán servicios alternativos de resolución de controversias que hagan disminuir la litigiosidad en los tribunales.

Además, añaden que se adaptarán diversas normas de derecho de la UE como las relativas a la Agencia de la UE para la cooperación jurídica penal (EUROJUST), el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso, la lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo, la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades y la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

«Se trata de hacer un esfuerzo de simplificación normativa que facilite el trabajo de los profesionales del Derecho y de la Justicia, tanto en España en toda su extensión, como en el resto de Europa y en entornos internacionales», añaden.

Además, se continuará con proyectos de modernización como la implantación de forma completa y definitiva del proyecto de oficina judicial, la consolidación de un proyecto de expediente judicial digital seguro y accesible y la integración de las plataformas de gestión procesal, para preservar la eficacia del sistema y la integración territorial.

Conferencia sectorial de Justicia

Al hilo, se pretende que estas cuentas ayuden a mejorar la cooperación autonómica en el desarrollo y reutilización de herramientas de trabajo electrónicas, para garantizar la interconexión de las unidades judiciales de todo el Estado.

Y se avanza que se va a recuperar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia «con el fin de abordar con los representantes de justicia de los diferentes territorios los grandes retos en la materia, como la agrupación de partidos judiciales o la interoperabilidad de los sistemas informáticos. Para lograr la modernización tecnológica del sistema de Justicia, se presupuestan 191 millones de euros.

El ‘libro amarillo’ recoge además que Justicia destinará créditos por importe de 36 millones a los registros vinculados con la Fe Pública con el objetivo de modernizar el servicio. También se busca continuar el proceso de transformación y modernización tecnológica del Registro Civil, para facilitar al ciudadano el acceso y la tramitación electrónica de los expedientes.

Nuevos edificios

Por último, se explica que dotan a los órganos de la Administración de Justicia de los medios materiales y de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, y apuntan que destinan 52 millones en créditos para licitar proyectos de nuevos juzgados en las localidades de Talavera de la Reina, Tomelloso, Illescas, Cartagena, Molina de Segura ,Valladolid, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Ibiza y Ciudadela en Baleares.

Con esa cantidad, también se licitarán obras para juzgados en Torrijos, Lorca y Manacor, y las sedes del Instituto de Medicina Legal de Toledo y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Dos Hermanas (Sevilla). También se rehabilitará la Audiencia Provincial de Salamanca y el edificio de juzgados de Ocaña (Toledo). Esa cantidad servirá para finalizar las obras de construcción de la nueva sede judicial de Segovia.

Lefebvre